¿LOS EXPOLIOS DE BELVER DE LOS HORRORES Y LAS PROFANACIONES NO SON DELITO, SON MOTIVO DE JUERGA O COMO DECÍA UN IMBÉCIL HACE POCO EN UN COMENTARIO DE UN PERIÓDICO, PARA HACER CALDOS CON LOS HUESOS DE LOS PROFANADOS? ¿QUE AUTORIZACIÓN TENÍA EL PÁRROCO ISIDRO BERENGUER PARA LAS OBRAS PROFANADORAS DE LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN? ¿PARA CUANDO JUSTICIA EN BELVER DE LOS HORRORES?

Condenado a pagar 27.000 euros por derribar un castillo medieval

 La fortaleza de Venta de Ballerías era BIC y fue demolida sin autorización.

Imagen de archivo de una vecina mostrando una foto del castillo..P. P.

El dueño del castillo de Venta de Ballerías, en el término municipal de Huerto, deberá pagar 27.302,99 euros en concepto de responsabilidad civil por su destrucción en 2006. El Juzgado de Primera Instancia número 69 de Madrid -donde reside el propietario- le ha condenado a compensar con esta cantidad al Gobierno de Aragón, que en su día presentó sendas denuncias por la vía civil y penal por la demolición de la fortaleza medieval, declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

En 2008, el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca que tramitó la denuncia interpuesta por la DGA contra José Manuel Goyeneche ya le condenó a pagar una multa, aunque no se llegó a celebrar juicio puesto que la fiscalía y la defensa alcanzaron un acuerdo.

Una vez admitidos los daños por parte de la propiedad, explicaron fuentes del departamento de Cultura, se planteó la demanda que acaba de resolver un juez de Madrid.
Pese a considerar probado que "en prevención de un peligro inminente" por el "estado total de ruina que presentaba la edificación", el Ayuntamiento de Huerto "instó a la propiedad para que la rehabilitara o la demoliera", según recoge la sentencia, "se derribó sin licencia ni proyecto de demolición (...) y sin solicitar autorización a la Comisión provincial de Patrimonio Cultural ni a la Dirección de Patrimonio Cultural".

Por ello, el fallo considera que "cualquiera que fuera el estado de la edificación, dada su condición de patrimonio cultural de Aragón, el demandado debió proceder a su rehabilitación (...) y, en todo caso, recabar la correspondiente autorización antes de proceder a su derribo". Por ello, se le condena al pago de la indemnización que pidió el Gobierno de Aragón "por el perjuicio económico ocasionado".


@Menos del título: I. ARA/EL HERALDO.ES