LA COMPRA DE PAMBRE POR LA XUNTA ESTÁ EN EL AIRE

Los propietarios rechazan la tasación hecha por Cultura

Visitantes en el castillo de Pambre, en la jornada de apertura al público en junio del pasado verano. FOTO: Eliseo Trigo

Poco más de un millón de euros es el valor del castillo de Pambre, en el municipio lucense de Palas de Rei, que maneja la Xunta, de acuerdo con la tasación encargada por la Consellería de Cultura, de cara a la compra de esta joya patrimonial gallega.

Esa cifra está muy por debajo de los 10 millones de euros que fijaba una tasación anterior, encargada al estudio del prestigioso arquitecto César Portela, por el fallecido conde de Borraxeiros, Manuel Taboada Fernández, propietario de la fortificación, que legó a los religiosos Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres.
Desde la administración de la congregación religiosa, con sede central en Vigo, señalaron que, pese a mantener su voluntad de que el castillo pase a manos de la Xunta, "por el valor de la tasación de Cultura no lo venderemos". Apuntaron "proseguimos con las negociaciones y esperamos que la Xunta haga una oferta más razonable, de acuerdo con la valoración hecha por el gabinete del arquitecto César Portela".

Recordaron que todavía tienen algunas ofertas de particulares interesados en la compra de la fortaleza de Pambre, aunque en un segundo plano, "puesto que preferimos que el castillo pase a formar parte del patrimonio público gallego", indicó el administrador de la congregación religiosa.

Los Hermanos Misioneros lamentan que las negociaciones se están dilatando, pero reconocen que los tiempos de crisis que vivimos no son los mejores para cerrar una operación de estas características. Al menos este es uno de los argumentos que esgrimen desde la Xunta, la política de austeridad en el gasto, según explicaron desde la orden religiosa.

De momento los Hermanos Misioneros mantienen el acuerdo alcanzado con el Concello de Palas de Rei para abrir al público esta joya de la arquitectura feudal, declarada como Bien de Interés Cultural (BIC), un acuerdo que no les reporta beneficio económico alguno, pese a que la institución que dirigen en Vigo, una residencia y un comedor para necesitados y excluidos, está atravesando una precaria situación económica.


@ANGEL ARNÁIZ LUGO/ ElCorreoGallego.es