ORDEN DE LOS POBRES CABALLEROS DE CRISTO DEL TEMPLO DE JERUSALEM.
ORDEN DEL TEMPLE
A raíz del rechazo por el Consejo de Monumentos Nacionales de la instalación de una escultura gigante del Papa Juan Pablo II en el parque José Domingo Gómez Rojas, frente a la Escuela de Derecho, se suscitó una acalorada controversia. Los motivos aducidos por el Consejo para oponerse al proyecto del Decano de Arquitectura de la Universidad San Sebastián fueron netamente urbanísticos Sin embargo, la alcaldesa UDI de Recoleta logró reunir 30.000 firmas a favor del monumento y argumentó que esta negativa constituyó una afrenta a un Papa que evitó la guerra con Argentina y que ayudó el retorno a la democracia.
Este favorable recuerdo de Juan Pablo II se reforzó por la visita al Vaticano, el 28 de noviembre de 2009, de las presidentas de Argentina y Chile para rendirle homenaje en su tumba y celebrar los 25 años del Tratado de Paz y Amistad entre los dos países. Ante lo notorio de estos sucesos, cabe analizar algunos aspectos de la gestión de este mediático Sumo Pontífice que influyeron sobre Chile.
Sin lugar a dudas la Iglesia chilena, bajo el liderazgo del cardenal Raúl Silva Henríquez, jugó un importante rol en la atenuación de la represión en Chile. En Argentina, donde la jerarquía eclesiástica apoyó sin restricciones a la dictadura, hubo alrededor de 30.000 detenidos desaparecidos o ajusticiados. En cambio, en Chile esa cifra se calcula en cerca de 3.000. Considerando la población de los dos países, el número de víctimas fatales chilenas se habría a lo menos triplicado.
Desde el mismo inicio del gobierno militar, Pinochet tuvo una mezcla de temor y profunda irritación en contra del cardenal Silva Henríquez. No fue en absoluto de su agrado la declaración del Comité Permanente del Episcopado del 13 de septiembre, la cual consideró como una “puñalada por la espalda”, pues, según él, nada se decía sobre la salvación patriótica de Chile. Álvaro Puga, encargado de controlar las publicaciones, pretendió se eliminara o suavizara, pero el texto ya había sido entregado a la prensa. Ante las críticas, la respuesta del Cardenal fue serena y apaciguadora: “nosotros hemos procedido como obispos y nuestro deber es reconocer los derechos de todos y establecer lazos para poder pacificar”. Este comunicado oficial de la Iglesia perjudicaba a Pinochet en dos aspectos fundamentales. Uno, pedía respeto por la figura del Presidente, en circunstancias que él deseaba justificar su traición a Allende mancillando su imagen. Pretendía hacerlo aparecer como un alcohólico irresponsable e incapaz, venal, vendido a la Unión Soviética y que se había suicidado bajo los efectos de abundante whisky; por consiguiente el país debía agradecerle por haberlo librado de un sujeto de esa calaña. Dos, las expresiones: “moderación frente a los vencidos”, “que no haya innecesarias represalias”, “que se acabe el odio”, “que vuelva la hora de la reconciliación” y “que Chile pueda volver muy luego a la normalidad institucional”, implicaban un freno a sus propósitos de afianzar su posición de liderazgo mediante una brutal represión de los marxistas y de mantenerse en el poder. La solución para Pinochet era desplazar al cardenal, sacarlo de Chile, ya que no podía mandar a eliminarlo.
En realidad el cardenal Silva Henríquez confiaba en los militares en los primeros días después del golpe. Basaba dicha creencia en su conocimiento de los valores cristianos humanistas de generales como Oscar Bonilla y Augusto Lutz, incluso tenía buena opinión de Augusto Pinochet a quien había conocido en las reuniones de apoderados de sus hijos varones en el colegio Seminario Pontificio Menor. Después el prelado revelaría: “yo me ofrecí (al nuevo régimen) para dar una buena información a los obispos del mundo sobre los hechos que habían pasado en Chile, a decirles que no se trataba de un putsch de un militar”. Pero estas honestas expectativas del Cardenal se fueron frustrando con el correr de los días al constatar acongojado que, lejos de disminuir la violenta y bárbara represión, ella se sistematizaba e incrementaba y que la Justicia se abstenía de cumplir con su deber de hacer respetar la Ley. Silva Henríquez no había tomado conciencia que Chile había pasado a constituirse en un peón perdido por el campo socialista en el contexto del ajedrez mundial de la guerra fría. Que de allí en adelante se impondría la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, propiciada por Estados Unidos, donde todos los métodos eran válidos para extirpar definitivamente el cáncer marxista, como habían sido convencidos cientos de militares chilenos. En tanto, las mismas fuerzas militares adiestradas en la Escuela de las Américas en Panamá, aguardaban impacientes en Argentina la muerte de Perón y el débil gobierno de su viuda para sumir en tragedia a todo el Cono Sur del continente.
La Junta Militar veía como un serio obstáculo al Cardenal por su posición humanista conciliadora. Consecuentemente, el Acta secreta del 24 de septiembre de 1973, en su punto 13, señala: “Se acuerda que el ministro de Relaciones Exteriores –almirante Ismael Huerta- inicie los contactos del caso con el embajador ante la Santa Sede para prever la posibilidad de reemplazo del cardenal Raúl Silva Henríquez”. Lo que ignoraba Pinochet era que Pablo VI le guardaba especial aprecio al prelado chileno, que había tenido un destacado rol en el Concilio Vaticano II. Tampoco sabía que el Sumo pontífice era un evidente opositor a los gobiernos dictatoriales y que en los primeros días de octubre enviaría una carta al Episcopado chileno de dura condena al nuevo gobierno por las violaciones a los derechos humanos. Declaración que Silva no se atrevería a hacer pública, a instancias del nuncio Sótero Sánz, quien la consideró una crítica demasiado severa que podía desequilibrar a la Junta. Incluso, a comienzos de noviembre, Silva debió viajar al Vaticano para exponerle el punto de vista del nuncio para no dar a conocer la carta.. Solo se conoció la opinión de Paulo VI por una declaración a la prensa italiana el 7 de octubre en la que expresaba su aflicción por la “represión sangrienta” que estaba ocurriendo en Chile. Esta manifestación papal motivó que la Junta Militar visitara en pleno al Cardenal para hacerle presente que consideraban la opinión del Sumo Pontífice muy hiriente e equivocada, atribuyéndola a que estaba mal informado y solicitó la ayuda del prelado para aclarar la situación. Silva aceptó y, horas después, expresó públicamente que “la Iglesia hubiese deseado que el Papa tuviera otra imagen de Chile”. También la Junta manifestó su molestia por la declaración hecha por el Cardenal a la prensa italiana, en que había manifestado que “la Iglesia prestaría al gobierno la misma colaboración que dio en todas sus obras de bien al gobierno del señor Allende y que esperaba la misma libertad de acción de que gozó en el anterior gobierno”. Con la soberbia propia de quienes ejercen el poder total, basado en la fuerza de las armas, estas palabras fueron consideradas inadmisibles por los gobernantes de facto..
Las FFAA desplegaron su preparación militar en contra de la Iglesia católica, considerándola enemiga en su guerra contra el marxismo. Para ellas existía un frente de batalla católico. Utilizaron no solo la directa represión sino además técnicas de infiltración, espionaje y amedrentamiento Era tradicional en Chile el respeto a los recintos de la Iglesia, que gozaban de cierto grado de inviolabilidad. El gobierno militar los consideró posibles lugares de asilo de opositores y depósitos de armas y allanó parroquias, vicarías, colegios, sedes de la Acción Católica, monasterios, incluso residencias de monjas. En la Universidad Católica se nombró rector delegado a un vicealmirante, sin consultar al Cardenal, gran canciller por derecho pontificio. Al dejar la rectoría, Fernando Castillo Velasco expresó: “Debo hacer entrega de la Universidad a quienes poseen la fuerza, pero no la razón” Silva Henríquez para evitar altercados, accedió a ratificar el nombramiento del marino y después suspendió el ejercicio de su cargo de gran canciller Al poco tiempo esta casa de estudios fue controlada por el gremialismo y trasformada en un semillero de dirigentes del gobierno militar.
Un informe de la DINA del mes de mayo de1974, dirigido a Pinochet de cuenta de las actividades de inteligencia militar en contra de la Iglesia, en él se decía: “Se ha detectado la creación de una servicio de inteligencia del clero, en íntima colaboración con el marxismo, que ha logrado infiltrar a numerosos sacerdotes, los que en Santiago llegarían a un grupo de 37 curas extremistas”. Se acompañaba un listado, con acotaciones, en que figuraban entre otros Gonzalo Arroyo: “jesuita de los Cristianos por el Socialismo”; Rafael Maroto: “ex vicario episcopal de zona centro, ideas extremistas”; Fernando Ariztía: “obispo auxiliar de Santiago, alienta a los marxistas y reprendió públicamente al cura Hasbún”; Alejandro Goic: “vicario de Magallanes, colabora con marxistas, relacionado con grupo de chilenos refugiados en Río Gallegos, constituye un frente de resistencia”; Fernando Salas: “se dedica a dar protección a extremistas buscados por la Justicia militar”; Juan Ysern: “vicario de Calama que amparó a curas holandeses vinculados al MIR; Enrique Alvear: “obispo de San Felipe, criticado por acoger marxistas; Antonio Llidó: ex sacerdote español, miembro del MIR de Quillota, que continuaría ejerciendo activista extremista”.
Hubo casos emblemáticos de asesinatos de sacerdotes, sobre los cuales se dieron versiones falsificadas indignantes. Joan Alsina, jefe de Personal del Hospital San Juan de Dios. Fusilado el 19 de septiembre de 1973 en el puente Bulnes del río Mapocho. Su cuerpo fue encontrado aguas abajo y llevado al Instituto Médico Legal. Su funeral se realizó el 28 de ese mes, con asistencia de los obispos Fernando Ariztía y Pablo Laurín. La versión oficial fue que había muerto en un enfrentamiento disparando contra militares Miguel Woodward, detenido en Valparaíso el 16 de septiembre 1973. Atrozmente torturado en el carguero Lebu y en La Esmeralda, desde allí fue llevado al Hospital Naval donde falleció. El diario La Estrella dio la versión que había participado en varios atentados contra carabineros y que había violado a numerosas muchachas. Gerardo Poblete, profesor en Iquique, detenido el 21 de octubre de 1973. Falleció víctima de la brutalidad con que fue golpeado en la Prefectura de Carabineros. El diario El Tarapacá informó que su muerte había sido accidental, al caer del furgón en que era trasportado y que almacenaba armas y propaganda marxista en su dormitorio. Años más tarde el sacerdote Maximiano Ortúzar admitió que la falsa versión de su muerte había sido urdida por él y carabineros para evitar repercusiones en contra del gobierno militar, dado lo injustificado de su detención. Antonio Llidó, sacerdote español después de permanecer en la clandestinidad, fue detenido el 1° de octubre de 1974. Pasó por varios lugares de detención, siendo cruelmente torturado Fue visto por otros prisioneros con los dientes y los labios destrozados. Desapareció después de ser sacado del campo de reclusión de Cuatro Álamos, a mediados de ese mes. Se dio la versión que había tratado de escaparse, siendo muerto en el intento. El 14 de noviembre de 1974, la directiva del Comité Pro Paz se reunió con Pinochet. Al mostrarle el obispo luterano, Helmut Frenz, la fotografía de Llidó, el general se exasperó y le dijo:”ese no es un cura, es un marxista. A los marxistas hay que torturarlos, porque de otra manera no cantan”. Después agregó “Ustedes son sacerdotes y se pueden dar el lujo de ser misericordiosos, pero yo estoy a cargo de este país, que está contagiado con el bacilo del comunismo, no me lo puedo dar, porque para sanar de tal bacilo debemos también torturar”.
Augusto Pinochet, cuyo catolicismo no pasaba de lo meramente formal y ceremonial, con ausencia total del humanismo cristiano de respeto a la vida y a la dignidad del ser humano, se indignaba ante la defensa de los derechos humanos que hacían los sacerdotes de los partidarios del gobierno depuesto. Así, el 11 de marzo de 1974, un fastidiado Pinochet expresó un directo reproche a los prelados que defendían a los perseguidos por la dictadura: “Son enemigos inconscientes de Chile los que con su amor a la bondad brindan apoyo y ocultan a extremistas materialistas que sólo los usan y desprecian”.
En el Tedeum del 18 de septiembre de 1974, el cardenal Silva manifestó su profundo desacuerdo con lo que estaba ocurriendo en el país, expresando valientemente: “En Chile no tiene cabida o vigencia ningún proyecto histórico, ningún modelo social que signifique conculcar la libertad personal o la soberanía nacional. El cuerpo social sería incapaz de asimilarlo, por extraño a su esencia. Toda normativa jurídica y estructuración institucional, toda política económica y social y todo sistema educacional debe tender a asegurar a cada chileno, el ejercicio de su libertad y el respeto a su persona como un ser inviolable. Cualquier otra finalidad –la instrumentación por ejemplo de las instituciones sociales para ponerlas al exclusivo servicio de unos pocos- estaría condenada de antemano a la ineficacia, por ser extraña y hostil al alma nacional. Los pueblos no pueden impunemente apostatar de su alma”
A fines de 1975, Pinochet forzó al cardenal a cerrar el Comité pro Paz, bajo la amenaza de declararlo asociación ilícita (el documento estuvo redactado). El Comité había sellado su destino con la publicación del “Informe Scherer” en el diario mejicano Excelsior. Este artículo periodístico fue una impactante denuncia de la brutalidad y salvajismo de las torturas y asesinatos cometidos en los lugares de reclusión del régimen militar. Era copia de un informe confidencial del Comité dirigido a la Conferencia Episcopal de abril de 1974, filtrado por el padre de una joven atrozmente torturada y muerta. El Comité no fue clausurado inmediatamente gracias a que el caso estuvo en manos del general Bonilla, a la sazón Ministro del Interior, quien reprendió al obispo Ariztía, pero no aceptó las presiones para cerrarlo. Pese a su indignación por haber quedado en tan clara evidencia el comportamiento monstruoso de sus subordinados ante la opinión pública internacional, Pinochet debió aguardar más de un año para deshacerse del fastidioso Comité. Su furia fue inmensa cuando supo que el Cardenal iba a reemplazarlo por la Vicaría de la Solidaridad que tantas molestias le ocasionaría, al criticar las violaciones a los derechos humanos con gran valentía y con la eficacia que las circunstancias represivas le permitiría. Pinochet le diría a Silva: ¿Qué es eso de la Vicaría, cardenal? ¡No me va a decir que va a volver a llenar la Iglesia con comunistas!…
Se sabía en el Diego Portales que todas las reuniones de Pinochet con el Cardenal iban a ser polemizados encuentros, en que no faltarían los dichos en alta voz. Las disputas eran muy desiguales, al enfrentarse un hábil abogado como Silva, con alguien tan limitado en argumentar como Pinochet, habituado a imponerse con gritos y golpes sobre la mesa. Las frases de Pinochet dirigidas al cardenal han hecho historia: ¡Los civiles no entienden lo que es una guerra y lo que son las bajas!… ¿Sabe cuántos son los muertos de la revolución? Son tres mil y tantos. ¿Qué revolución hay que cueste tres mil muertos?…¡Dale con la famosa jeringa de los “Derechos Humanos”!, eso es un invento que hicieron los comunistas!. Qué abismal diferencia existiría más tarde en el trato de Pinochet con monseñor Fresno que, de temperamento apacible, evitaba las confrontaciones y se sentía intimidado ante el general A éste le. bastaba subir un poco el tono de voz para dejarlo mudo. Pinochet lo calificaba como “muy manso”. En cambio a monseñor Silva Henríquez lo tildaba de “prepotente”
En noviembre de 1975, los sacerdotes jesuitas, Patricio Cariola y Fernando Salas ayudaron a dos prófugos miristas, consiguiendo asilar a Nelson Gutiérrez en la Nunciatura y a Andrés Pascal, en la embajada de Costa Rica. Esta actuación fue defendida por el Comité Permanente del Episcopado y por el cardenal Silva Henríquez, aduciendo que los clérigos estaban bajo el mandato del Evangelio de defender la vida y, si los miristas no hubiesen sido protegidos, habrían sido con toda certeza asesinados por la DINA. Jaime Guzmán, en nombre del gobierno en el noticiario central de Televisión Nacional, reprochó en duros términos la conducta de los sacerdotes y la posición adoptada por la jerarquía. Los acusó de infringir el ordenamiento jurídico, al desobedecer una “instrucción correcta y precisa” y que “todas las personas que ayuden en cualquier forma a los prófugos, incurren en grave conducta penal como encubridores”. Precisó además que el ordenamiento jurídico estaba por sobre las disposiciones eclesiásticas, rechazando el argumento de la misericordia dado por las autoridades de la Iglesia. El arzobispado condenó la opinión de Guzmán, mediante una declaración pública, que en lo fundamental decía: “La Iglesia Católica no aceptará que la autoridad de sus Pastores sea usurpada ni entorpecida, ni se dañe la honra del nombre de católico, con grave detrimento de su unidad y de su misión de servicio al pueblo de Chile”.
Sobre la Consulta sobre la resolución de condena de la ONU y el apoyo a Pinochet de enero de 1978, la Conferencia Episcopal estuvo en su contra- aún cuando cinco obispos la apoyaban. Este órgano colegiado realizó una petición formal a los miembros de la Junta para que se suspendiera, invocando la falta de información, libertad y condiciones mínimas para ser un acto legítimo.
El 6 de agosto de 1978 falleció el Papa Paulo VI y le sucedió por muy breve tiempo –un mes- Juan Pablo I de la misma tendencia progresista que monseñor Silva. En octubre de 1978 asumió el pontificado Juan Pablo II, reconocido por su enérgico anticomunismo, por haber sufrido persecución por el gobierno comunista polaco. Esto trajo un significativo viraje en la política del Vaticano. Una de las primeras medidas del nuevo Papa fue enderezar el rumbo de la Iglesia, que consideraba muy inclinada hacia la izquierda progresista. Estimaba que era necesario poner freno a la “condenable teología de la liberación”, que había prendido en muchos clérigos, y evitar el relajamiento de las normas morales del catolicismo. Se vieron favorecidos las congregaciones de derecha como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo que se constituyeron en los favoritos del Vaticano. En Chile este cambio trajo una paulatina ola conservadora en los nuevos nombramientos eclesiásticos Los nuevos designados debían tener una creciente significación doctrinaria espiritualista, un gran fervor por el pontífice y una cierta indulgencia, cuando no complacencia, con la dictadura de Pinochet. Los prelados que habían sido decididos opositores a los atropellos a los derechos humanos del gobierno de las FFAA, vieron dificultada la libre expresión de sus críticas. Así, la revista Mensaje de los jesuitas debió suprimir algunos artículos desfavorables a la dictadura. Lo más negativo para el Cardenal fue el mayor poder que adquirió el nuncio, monseñor Ángelo Sodano, quien había llegado a Chile a fines de 1977 y, dadas las circunstancias conflictivas de la dictadura con la Iglesia, era de esperar que tuviera a lo menos una relación de frialdad con el régimen. Sin embargo, este nuncio estableció una estrecha amistad y admiración a Pinochet.
Cuando Monseñor Silva Henríquez cumplió los 75 años, en junio de 1983, el gobierno militar se preocupó activamente que su renuncia fuera cursada prontamente por el Vaticano. Durante el Pontificado de Karol Woijtyla, tradicionalmente se mantenía en sus cargos a quienes cumplían esa edad y se encontraban en buen estado de salud. Debido a las gestiones llevadas a cabo ante la Santa Sede, de tendencia eminentemente conservadora y la influencia de Sodano, la dimisión del cardenal Silva fue cursada con desacostumbrada rapidez. De nada sirvieron las peticiones en contrario de la mayoría de la Iglesia chilena y la sugerencia del propio cardenal Silva de que se nombrara en su reemplazo a un obispo de su confianza, José Manuel Santos.
Contrastó sobremanera esta acelerada aprobación de renuncia del cardenal Silva por Juan Pablo II con la no aceptación de jubilación del primado de la Iglesia argentina, Juan Carlos Aramburu, al cumplir la edad de retiro. Este prelado había sido denunciado por los organismos de defensa de los derechos humanos de complicidad con los militares y de no condenar la tortura y la persecución política del régimen dictatorial. El Papa postergó su salida hasta 1990. Este purpurado nunca recibió a las Madres de la Plaza de Mayo y las tildó de “oportunistas”. Al ser nombrado presidente de la Conferencia Episcopal en 1982, se burló de los detenidos desaparecidos, expresando: “En Argentina no hay fosas comunes y a cada cadáver le corresponde un ataúd. Todo se registró regularmente en los correspondiente libros. ¿Desaparecidos? No hay que confundir. Hay desaparecidos que viven tranquilamente en Europa”. Al retornar su país a la democracia fue un fuerte crítico de los juicios contra los miembros de la Junta Militar, señalando: “La negación del perdón es un virus diabólico, que carcome los nobles sentimientos del corazón”. Consecuentemente, celebró con entusiasmo los indultos aplicado por Carlos Menen en 1990. En esta línea de confirmación de prelados conservadores estuvo también la expresa petición de Juan Pablo II a monseñor Ángelo Sodano de continuar como Secretario de Estado del Vaticano al cumplir los 75 años.
El Papa, cursada la renuncia del cardenal Silva, eligió entonces al obispo de La Serena Juan Francisco Fresno, que se había distinguido por su antagonismo ante la política seguida por aquel. Su diócesis era una de las pocas en que no había funcionado la Vicaría de la Solidaridad. La esposa de Pinochet, Lucía Hiriart, celebraría alborozada esta designación, expresando ¡Gracias a Dios! ¡Por fin Él escuchó nuestras plegarias!.
En el libro titulado “Chile: La Vicaría de la Solidaridad” del sacerdote español Juan Ignacio Gutiérrez, quien estuvo a cargo de la Vicaría en 1983-84, se emite la siguiente opinión sobre la nueva política del Vaticano y la designación de Fresno:
“La Conferencia Episcopal chilena había propuesto cuatro nombres, entre los cuales el último era Fresno. Mucha gente de Iglesia había escrito al Vaticano pidiendo que en la actual coyuntura no aceptara la renuncia forzosa de Silva Henríquez, pero el Vaticano dio un sonoro carpetazo a los deseos mayoritarios. Sólo los grupos más a la derecha e identificados con el régimen vieron con buenos ojos esta nominación, ya que ella era una descalificación del Cardenal Silva Henríquez y de su vigorosa repulsa y combate al estado de cosas creado por Pinochet. Aquella se inscribía en la política vaticana de colocar a la cabeza de las diócesis, sobre todo de las más importantes, a hombres sin mucha garra intelectual, fácilmente manejables y que sean correas transmisoras del pensamiento político vaticano. A lo largo del Papado de Juan Pablo II se ha fortalecido definitivamente esta tendencia de nombramientos. Al resultar imparable la aceptación de la teología de la liberación por capas cada vez más extensas de la Iglesia latinoamericana y la anuencia, cuando no la identificación de muchos obispos con ella, se ha hecho imparable la remoción de esos pastores y, en su reemplazo, colocar hombres que pongan como primera prioridad el aparato eclesial, tal como lo concibe el Vaticano”.
A fines de 1978, ante el gran éxito de la Vicaría de la Solidaridad, al celebrarse en Santiago el Simposio Internacional sobre Derechos Humanos, Pinochet realizó intensa presión sobre el cardenal para que relevara de su puesto directivo al vicario Cristián Precht. El 10 de diciembre, después de recibir el premio quinquenal otorgado a la Vicaría por su labor en defensa de los derechos humanos de la ONU en Nueva York, Silva le pidió a Precht la renuncia al cargo, expresándole que su decisión era irrevocable. Ya se veía que pesaba sobre sus decisiones el cambio en el Vaticano. Como nueva cabeza de la Vicaría el cardenal nombró al sacerdote Juan de Castro, uno de los miembros de la Iglesia que censuraba el gran desarrollo que había tenido ese departamento eclesiástico. Esta fue la segunda imposición que Pinochet logró sobre el cardenal, después del obligado cierre del Comité Pro Paz en 1975.
En 1978, Pinochet, con su tozudez, había llevado al país a una difícil situación de inminente guerra con Argentina. No había querido recurrir al Tribunal de La Haya por el rechazo de Argentina del laudo arbitral sobre las islas del Beagle, como le aconsejaban los diplomáticos,. Había confiado en alcanzar un acuerdo con sus pares argentinos, enviando a su favorito, Manuel Contreras, sobrepasando los canales oficiales. Por su conflicto con el general Leigh, había descabezado casi totalmente a la Fuerza Área, debilitándola considerablemente. Las FFAA, en general, se encontraban fuera de práctica de combate por su dedicación preferente a la represión. La capacidad operativa del Ejército no era la óptima porque los ascensos se basaban más en la sumisión al dictador que al excelencia militar. La Marina estaba comandada por Merino, de reconocida falta de prudencia, capaz de acciones desatinadas Había repudio internacional hacia el régimen chileno reflejado en la condena casi unánime de la ONU por las violaciones a los derechos humanos, agravado aún más por la fraudulenta consulta para rechazarla. Había imposibilidad de adquisición de armamentos, debiéndose recurrir a los traficantes de armas de Sudáfrica o Israel. Las relaciones de Chile con Estados Unidos eran pésimas debido a la muerte de Letelier en el corazón de Washington y no podía solicitar su apoyo en el diferendo. El Reino Unido estaba indignado por las torturas infringidas a la doctora Sheila Cassidy. Como si fuera poco, Bolivia ejercía presión por una salida al mar y Perú, en vísperas de la celebración del centenario de la Guerra del Pacífico, hacía gestos amenazantes. Existía el justificado temor que Chile podría haber quedado reducido al territorio comprendido entre Copiapó y Puerto Montt, al enfrentarse a una alianza de los tres países limítrofes.
Consciente de la seria debilidad de la situación chilena, hondamente preocupado, el cardenal Silva proporcionaría la tabla de salvación. Había efectuado gestiones, ya a comienzos de 1978, para lograr la intervención del Vaticano con Paulo VI. A la muerte de éste, durante la misma entronización de Juan Pablo I le había pedido que mediara en el conflicto. Cuando este Sumo Pontífice falleció, Silva, junto con el cardenal argentino Primatesta, renovó la petición ante el nuevo Papa, Juan Pablo II. El camino ya estaba allanado y la aceptación no se hizo esperar mucho… El general Jorge Rafael. Videla, profundamente católico, no puso inconvenientes a la mediación vaticana, causando gran alivio al régimen de Pinochet. Así comenzó gestión del cardenal Antonio Samoré que, en fallo salomónico, otorgó a Argentina las islas en la mitad norte del canal Beagle y la mitad sur a Chile y dio derechos de navegación a ambos países, perdiendo Chile lo ganado en el laudo arbitral británico. Para el cardenal Silva Henríquez esta pérdida territorial no significaba nada ante una eventual guerra que Chile enfrentaba en condiciones tan desmedradas.
Pese al cambio de tendencia en la Santa Sede, la Vicaría de la Solidaridad, expresó su disconformidad sobre el llamado a plebiscito para aprobar la Constitución hecha por la dictadura. En agosto de 1980, entre otros considerandos, manifestaba: “La Constitución propuesta no es democrática en su gestación, porque ha sido elaborada exclusivamente por el gobierno militar y no por algún cuerpo representativo de los diversos sectores y tendencias que constituyen la comunidad nacional…” “Podemos prever que el camino institucional propuesto, al no abrir canales de participación ni plantear el futuro de la comunidad nacional por el camino del conflicto constructivo y el consenso, no conducirá a la paz anhelada, sino a una mayor polarización de las fuerzas sociales y una mayor radicalización de las brechas ideológicas”.
La Conferencia Episcopal había votado en contra de una visita del Sumo Pontífice a Chile, por considerar que implicaba el reconocimiento oficial de la Iglesia a un cruel y abusivo gobierno dictatorial Sin embargo, el cardenal Fresno en visita ad límina, fuera de toda programación, solicitó visitar Chile a Juan Pablo II. El compromiso se hizo oficial el 1° de octubre de 1985. De allí en adelante los obispos depusieron su resistencia a la venida del Papa y colaboraron a que fuera un éxito. A fines de ese año el Papa tuvo la oportunidad de influir para el pronto retorno de la democracia en Chile, si hubiese puesto como condición a su venida el que Pinochet aceptara siquiera discutir el Acuerdo Nacional que propiciaba el cardenal Fresno. Este Acuerdo contaba con mayoritario y trasversal apoyo nacional e internacional, incluso entre uniformados. Su aprobación hubiese sido un gran paso hacia la normalidad democrática.
Al inicio de su viaje a fines de marzo de 1987, el Papa, al ser consultado por periodistas, emitió una opinión que alarmó a la dictadura. Expresó en el aeropuerto de Ciampino: “ciertamente en Chile vamos a encontrar un sistema que es actualmente dictatorial. Pero ese sistema por su propia definición es transitorio”. La dictadura reaccionó prestamente, recordándole a la comitiva que existía un compromiso de atenerse sólo a la esfera pastoral. Por esto, esa sería la única vez en que manifestaría una tenue reprobación al régimen chileno. Realmente no podía dejar de hacerlo dado el repudio universal, manifestado en la ONU, hacia el gobierno de Pinochet que iba quedando casi como única dictadura en Latinoamérica, junto con la de Paraguay. Le era inapropiado aparecer consolidando con su visita a un régimen reiteradamente condenado por violar los derechos humanos.
La dictadura de Pinochet intentó sacarle el mayor provecho posible a la vista del Papa. Consiguió que se tolerara su frase en su discurso de bienvenida “la agresión y el asedio que Chile ha sufrido y sigue padeciendo”, que a la delegación vaticana le pareció como un patético intento de Pinochet de situarse a la altura del Papa en la lucha contra el comunismo. Logró en su propaganda oficial que el slogan de “Mensajero de la Vida” se trasformara en “Mensajero de la Paz”, aludiendo al rol mediador en el conflicto con Argentina. Se eludió así la idea que el Papa venía a refutar “una cultura de la muerte”, como habían calificado los obispos chilenos al régimen militar. Se eliminó del programa una oración por los asesinados en el Estadio Nacional. El Papa no pronunció una palabra sobre los sacerdotes asesinados y la implacable persecución que sufrió la Iglesia durante la dictadura. Mediante una sorpresiva maniobra, a espaldas de los organizadores, ayudado por monseñor Sodano, apareció en un balcón de la Moneda en compañía del Santo Padre. Escasos gestos de encubierta crítica al régimen lograron los organizadores de la visita. Entre ellos la presencia de pobladores contrarios a la dictadura, la asistencia de Carmen Gloria Quintana –quemada por los militares-, el uso de la Biblia del padre Jarlan en la población La Bandera y la bendición del cirio de la Vicaría de la Solidaridad. Los frontales opositores de Pinochet consiguieron que el Papa viera en acción la represión durante la Eucaristía de la Reconciliación en el parque O’Higgins y sufriera en carne propia los efectos de los gases lacrimógenos.. Haciendo un balance de la visita papal, es posible afirmar que poco o nada contribuyó al término de la dictadura, como sostienen sectores conservadores.
Posteriormente, Juan Pablo II manifestaría su aprecio por Augusto Pinochet. Con ocasión de las bodas de oro del matrimonio Pinochet-Hiriart enviaría una carta extremadamente cariñosa, calificando a la pareja como ejemplar. Luego, con motivo de la detención del general en Londres en octubre de 1998, el Vaticano, utilizando su peso moral, hizo intensas gestiones diplomáticas tanto con el gobierno británico como el español. Con España para que se desistiera de su solicitud de extradición y con el Reino Unido para que lo liberara por razones humanitarias, con lo que contribuyó decisivamente a que ello ocurriera.
Como corolario, Juan Pablo II, bajo la influencia de monseñor Ángelo Sodano, constituyó una ayuda para el régimen de Augusto Pinochet. Fue un freno para la defensa de los derechos humanos, tan decididamente defendidos por el cardenal Silva Henríquez. A mediados de la década de los 80, cuando la oleada democrática producía el derrumbe de las dictaduras y Pinochet era presionado por Estados Unidos y la Unión Europea, el Vaticano guardó silencio y no apoyó al cardenal Fresno en sus gestiones. Evaluada internacionalmente, la visita papal de 1987 significó un reconocimiento de la dictadura que la reforzó en su permanencia, retardando el retorno democrático. Después contribuiría eficazmente a que Pinochet no fuera juzgado por la Justicia española, garantizando su impunidad, a sabiendas que en Chile un juicio sería improductivo.
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