ORDEN DE LOS POBRES CABALLEROS DE CRISTO DEL TEMPLO DE JERUSALEM.
ORDEN DEL TEMPLE
El jefe de Arqueología del Consell, imputado por la destrucción de yacimientos en las autovías
Joan Ramon Torres deberá comparecer ante la jueza del juzgado número 3 el próximo 20 de octubre para explicar por qué se arrasaron restos arqueológicos en el segundo cinturón de ronda de Ibiza
El jefe de Arqueología del Consell de Ibiza, Joan Ramon Torres, ha sido citado a declarar en calidad de imputado por la jueza sustituta del juzgado de instrucción número 3 de Ibiza, Margarita Robayna, para que aclare las circunstancias en que se produjo la destrucción de yacimientos arqueológicos en el segundo cinturón de ronda de Ibiza durante la construcción de las autovías, en 2006.
La imputación de Joan Ramon se produce después de que el pasado 27 de mayo declarara, también como imputado, el ex conseller insular de Patrimonio Histórico-Artístico, Joan Marí Tur, por estos mismos hechos. También lo hizo el ex director insular de Patrimonio, Antoni Arabí, así como el propietario de la empresa que realizó los trabajos de construcción, Matías Arrom Bibiloni, y el jefe de obra de la misma.
Los ecologistas del GEN, autores de la denuncia y personados como acusación particular en la causa penal abierta, solicitaron, después de escuchar las declaraciones de todos estos imputados, la testificación de Joan Ramon Torres, al considerar que jugó un papel de la máxima importancia en los hechos que se investigan. El fiscal se adhirió a esta petición y la juez la ha aceptado.
La portavoz del GEN, Neus Prats, aseguró ayer que «las pruebas periciales realizadas han demostrado que hubo destrucción de elementos patrimoniales que se podrían haber evitado». Para la acusación particular, «hay una existencia de delito meridianamente clara; ahora de lo que se trata es de saber de quién es la responsabilidad».
La comparecencia de Joan Ramon Torres ha sido fijada para el día 20 de octubre.
Cuando su superior en la anterior legislatura, Joan Marí Tur, declaró por este mismo asunto ante el juez Pablo Mendoza, aseguró que no actuó contra MAB por la destrucción de este yacimiento porque era «más partidario del diálogo» y aseguró que ningún técnico le aconsejó en sentido contrario.
La empresa arqueológica que hizo el seguimiento de las obras de construcción advirtió de la importancia de los bienes patrimoniales que resultaron dañados. Posteriormente, esta empresa acabó siendo despedida.
Entre los arqueólogos de aquella empresa figuraba el hoy director insular de Patrimonio, Josep Maria Garí, quien ayer, al ser preguntado sobre la imputación de Joan Ramon, se limitó a confiar en que «la Justicia haga su trabajo y que se dirima la responsabildad de cada uno en la destrucción del Patrimonio».
La declaración de Joan Ramon será, probablemente, una de las últimas pruebas que se practiquen en relación con estas diligencias, dado que ya se han recabado todo tipo de informes, declaraciones testificales y otros datos. El juzgado deberá luego decidir si, a la luz de esa información, declara el archivo de la causa o, por el contrario, confirma la existencia de indicios delictivos para la posterior celebración de juicio.
Joan Ramon Torres deberá comparecer ante la jueza del juzgado número 3 el próximo 20 de octubre para explicar por qué se arrasaron restos arqueológicos en el segundo cinturón de ronda de Ibiza
El jefe de Arqueología del Consell de Ibiza, Joan Ramon Torres, ha sido citado a declarar en calidad de imputado por la jueza sustituta del juzgado de instrucción número 3 de Ibiza, Margarita Robayna, para que aclare las circunstancias en que se produjo la destrucción de yacimientos arqueológicos en el segundo cinturón de ronda de Ibiza durante la construcción de las autovías, en 2006.
La imputación de Joan Ramon se produce después de que el pasado 27 de mayo declarara, también como imputado, el ex conseller insular de Patrimonio Histórico-Artístico, Joan Marí Tur, por estos mismos hechos. También lo hizo el ex director insular de Patrimonio, Antoni Arabí, así como el propietario de la empresa que realizó los trabajos de construcción, Matías Arrom Bibiloni, y el jefe de obra de la misma.
Los ecologistas del GEN, autores de la denuncia y personados como acusación particular en la causa penal abierta, solicitaron, después de escuchar las declaraciones de todos estos imputados, la testificación de Joan Ramon Torres, al considerar que jugó un papel de la máxima importancia en los hechos que se investigan. El fiscal se adhirió a esta petición y la juez la ha aceptado.
La portavoz del GEN, Neus Prats, aseguró ayer que «las pruebas periciales realizadas han demostrado que hubo destrucción de elementos patrimoniales que se podrían haber evitado». Para la acusación particular, «hay una existencia de delito meridianamente clara; ahora de lo que se trata es de saber de quién es la responsabilidad».
La comparecencia de Joan Ramon Torres ha sido fijada para el día 20 de octubre.
Cuando su superior en la anterior legislatura, Joan Marí Tur, declaró por este mismo asunto ante el juez Pablo Mendoza, aseguró que no actuó contra MAB por la destrucción de este yacimiento porque era «más partidario del diálogo» y aseguró que ningún técnico le aconsejó en sentido contrario.
La empresa arqueológica que hizo el seguimiento de las obras de construcción advirtió de la importancia de los bienes patrimoniales que resultaron dañados. Posteriormente, esta empresa acabó siendo despedida.
Entre los arqueólogos de aquella empresa figuraba el hoy director insular de Patrimonio, Josep Maria Garí, quien ayer, al ser preguntado sobre la imputación de Joan Ramon, se limitó a confiar en que «la Justicia haga su trabajo y que se dirima la responsabildad de cada uno en la destrucción del Patrimonio».
La declaración de Joan Ramon será, probablemente, una de las últimas pruebas que se practiquen en relación con estas diligencias, dado que ya se han recabado todo tipo de informes, declaraciones testificales y otros datos. El juzgado deberá luego decidir si, a la luz de esa información, declara el archivo de la causa o, por el contrario, confirma la existencia de indicios delictivos para la posterior celebración de juicio.
@Joan LLuis Ferrer/DiariodeIbiza.es
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