¿Con qué derecho puede el juez Baltasar Garzón exigir a la Conferencia Episcopal que comunique a todas y cada una de las parroquias de España -un total de 22.827- que permitan el acceso a la Policía Judicial a los libros de difuntos a fin de identificar a las víctimas de la represión franquista?
La Iglesia Católica, hasta ayer, no se había pronunciado, pero expertos en Derecho Canónigo recordaron que, por los acuerdos con el Vaticano, es competencia de cada obispo ordenar la apertura de archivos; autoridad que -en este caso- estaría por encima de la del juez.
Este es un tema que vende bien, que encuentra el aplauso fácil de quienes ignorantes de que "se trata de hechos cometidos hace 70 años. La Justicia sólo puede abordarlos si no prescribieron, pero no parece aplicable aquí la figura de lesa humanidad", como dijo el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García. La asociación mayoritaria en la carrera judicial.
En cuanto lo de la exigencia a la Iglesia, es del todo punto incomprensible que un juez como Baltasar Garzón desconozca las competencias de los obispos por esos acuerdos con el Vaticano, por lo que nos resulta por lo menos sospechosa esa exigencia de su parte, quizás buscando más la popularidad del asunto que la realidad del mismo. Lo que tampoco debe de ignorar el juez es que cualquier intento de la Iglesia de hacer valer sus derechos le valdría a la misma las críticas de una gran parte de la población, mediatizada de por si por la campaña anticatólica que impera desde hace tiempo en este pais, lo que quizás sea una forma indirecta y no buscada de extorsionar a la Iglesia, de manera que o cumple lo que dice el juez o ya sabe que la campaña popular en contra de ella se acentuará más aun si cabe.
Es verdad, y desde aquí reconocemos y aplaudimos el que cada cual recupere a sus muertos y que esa parte de la historia se despeje de una vez, pero de ahí a esas exigencias y protagonismos, que desde la misma institución judicial se duda que puedan prosperar hay una gran diferencia.
Ya tenemos una Ley de Memoria Histórica, con la que estaremos de acuerdo o no, pero es una Ley vigente y por eso no entendemos esa polémica decisión del juez Baltasar Garzón, que miraremos con respeto por eso de la independencia del poder judicial, pero que sin duda tendrá él también que observar las prerrogativas de la Iglesia mediante los diferentes acuerdos firmados con el Vaticano y respetarlas, le guste o no al juez Garzón y a los miembros de esas asociaciones que ahora tanto aplauden la iniciativa del juez aun conociendo el casi seguro poco futuro desde el punto de vista jurídico de la misma.
Lo más seguro es que el juez Garzón lo único que pretenda, vista la solicitud de archivo por parte de la Fiscalía de las denuncias de las diferentes asociaciones, sea la de confeccionar un censo de fusilados y desaparecidos, para después haciendo caso a la recomendación de la Fiscalía, archivar el asunto, pero independientemente de que ese censo ya debería haberse realizado hace tiempo, parece una exageración utilizar para ello los medios del poder judicial, que tan escasos dicen que son para tener esa acumulación de casos pendientes.
Claro que la fama de "juez estrella" debe mantenerse, y nada mejor que este tema para ello.