DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA, Y LA SUBIMOS PORQUE "LA COSA" HA SEGUIDO CRECIENDO SIN NINGÚN RESPETO A LA VERDADERA NOBLEZA Y SU SIGNIFICADO REAL.
ESPERO QUE SAQUEIS VUESTRAS CERTERAS CONCLUSIONES AL RESPECTO.
NND, FTAT, +Anselmo de Crespi
Nuestra Real Academia ha dedicado en varias ocasiones esta nota editorial para salir al paso de una práctica muy extendida en los últimos tiempos que es la de utilizar en sociedad o en los medios de comunicación títulos nobiliarios manifiestamente falsos o que fueron concedidos en su día pero no han sido reconocidos como vigentes por la autoridad del Ministerio de Justicia. Esta práctica, aunque no es nueva, ha proliferado en España desde que su tipificación como delito ha desaparecido de nuestro Código Penal.
Sirva como ejemplo la carta del director de nuestro boletín, publicada en el diario ABC el pasado 25 de febrero -que reproducimos más adelante en otra sección de este boletín-, denunciando el uso que determinados individuos hacen de títulos falsos en los medios de comunicación.
Ciertamente, la utilización de este tipo de títulos no oficiales, no constituye elmismo tipo de falsedad ya que, en muchas ocasiones, en nuestra sociedad, se concede como fórmula de cortesía el uso de una titulación y el tratamiento correspondiente a personas pertenecientes a familias extranjeras, a las que la normativa legal de su país de origen no se las reconoce pero cuya ilustre e incontestable ascendencia les hace acreedoras a este trato. Y así vemos cómo príncipes alemanes o italianos y condes polacos o húngaros, algunos incluso con nacionalidad española, gozan de esta benevolencia en nuestro país, pese a no tener reconocido su uso oficial en él como exige nuestra normativa vigente.
Pero no es este el caso de otras titulaciones que aparecen en nuestros medios de comunicación. Se trata en algunas ocasiones de títulos manifiestamente falsos, que han sido inventados por sus propios usuarios, sin el más mínimo sentido del ridículo, como ponía en evidencia una esquela mortuoria publicada en ABC en las últimas semanas de un falso y pintoresco duque, cuya página en internet invitamos a consultar, pues el difunto no se había parado en barras a la hora de inventar ascendencias, imaginar retratos de antepasados o escudos heráldicos con todo tipo de fantasiosas órdenes.
Otro caso, igualmente pintoresco, es el de presuntos pretendientes a tronos imaginarios rodeados de una corte repleta de personajes adornados de títulos nobiliarios que sólo existen en la imaginación de quienes los ostentan. Lo peor de todo es lo que ya apuntábamos en un número anterior del Boletín: que, aunque parezca mentira - por lo grotesco - de las imaginarias titulaciones- al fondo de estos asuntos siempre suele haber dinero, pues la ignorancia de las gentes sólo es comparable con su insaciable vanidad.
Sin embargo, hay otra práctica que es mucho más peligrosa y sutil, que es la que llevan a cabo algunos explotadores de estas entelequias pseudo nobiliarias. Se trata de encontrar incautos a los que, a cambio de una gruesa suma de dinero, se les ofrecen títulos otorgados por Monarcas extranjeros, no importa en qué época, para los que, mediante un procedimiento no demasiado dificultoso –que ni siquiera exige la presentación de la correspondiente prueba documental- se obtiene una declaración judicial que les da una cierta apariencia de reconocimiento oficial. Pero esto resulta un evidente fraude, puesto que el que así ofrece y cobra sus servicios, sabe muy bien que su patrocinado nunca será considerado titulado por ningún organismo oficial ni por ninguna persona culta, salvo por quienes son tan ignorantes en estas materias como su patrocinado.
En efecto, ya hemos repetido muchas veces en estas páginas que es inmoral e ilícito tramitar el reconocimiento de títulos nobiliarios en instancias judiciales del extranjero, cuyos efectos jurídicos van a ser nulos en nuestro país. En España se encuentran perfectamente regulados, tanto el uso de los títulos del Reino como la autorización para ostentar los títulos extranjeros. En consecuencia, resulta fraudulenta cualquier tentativa de obtener una dignidad nobiliaria en terceros países -fundamentalmente en Italia forzando procedimientos judiciales o administrativos, a sabiendas de que no va a conseguirse el apetecido reconocimiento en nuestra Patria.
Esa es la razón por la que el Boletín número 3 del Colegio Notarial de Madrid, de 16 de junio de 2003, publicaba una instrucción para sus colegiados, recordándoles “que el uso en España de títulos nobiliarios españoles o extranjeros requiere autorización (artículo 17, Real Decreto 27 de mayo de 1912) y que ésta está sujeta al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (artículo 43 del Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre). En consecuencia, los notarios deberán excusar su intervención cuando no se acredite el cumplimiento de tales requisitos y evitar en todo caso que la actuación notarial pueda contribuir a crear una apariencia engañosa”.
Como ya dijimos en otra nota editorial anterior, sabemos que esta defensa de la verdad no siempre es fácil, pues muchas veces hay que corregir o criticar a personas de buena fe, ganando fama inmerecida de hipercríticos y de puristas, y, otras muchas, hay que enfrentarse con otras personas o entidades, cuya fe no es tan buena, y que no van a estar dispuestas a reconocer las falacias de las que tan buen provecho obtienen.
Ciertamente, nunca son deseables los enfrentamientos ni las polémicas, pero creemos que una actitud melindrosa y falsamente respetuosa no debe apartarnos de nuestro camino en defensa de la verdad y de la ciencia.
Sin embargo, hay otra práctica que es mucho más peligrosa y sutil, que es la que llevan a cabo algunos explotadores de estas entelequias pseudo nobiliarias. Se trata de encontrar incautos a los que, a cambio de una gruesa suma de dinero, se les ofrecen títulos otorgados por Monarcas extranjeros, no importa en qué época, para los que, mediante un procedimiento no demasiado dificultoso –que ni siquiera exige la presentación de la correspondiente prueba documental- se obtiene una declaración judicial que les da una cierta apariencia de reconocimiento oficial. Pero esto resulta un evidente fraude, puesto que el que así ofrece y cobra sus servicios, sabe muy bien que su patrocinado nunca será considerado titulado por ningún organismo oficial ni por ninguna persona culta, salvo por quienes son tan ignorantes en estas materias como su patrocinado.
En efecto, ya hemos repetido muchas veces en estas páginas que es inmoral e ilícito tramitar el reconocimiento de títulos nobiliarios en instancias judiciales del extranjero, cuyos efectos jurídicos van a ser nulos en nuestro país. En España se encuentran perfectamente regulados, tanto el uso de los títulos del Reino como la autorización para ostentar los títulos extranjeros. En consecuencia, resulta fraudulenta cualquier tentativa de obtener una dignidad nobiliaria en terceros países -fundamentalmente en Italia forzando procedimientos judiciales o administrativos, a sabiendas de que no va a conseguirse el apetecido reconocimiento en nuestra Patria.
Esa es la razón por la que el Boletín número 3 del Colegio Notarial de Madrid, de 16 de junio de 2003, publicaba una instrucción para sus colegiados, recordándoles “que el uso en España de títulos nobiliarios españoles o extranjeros requiere autorización (artículo 17, Real Decreto 27 de mayo de 1912) y que ésta está sujeta al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (artículo 43 del Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre). En consecuencia, los notarios deberán excusar su intervención cuando no se acredite el cumplimiento de tales requisitos y evitar en todo caso que la actuación notarial pueda contribuir a crear una apariencia engañosa”.
Como ya dijimos en otra nota editorial anterior, sabemos que esta defensa de la verdad no siempre es fácil, pues muchas veces hay que corregir o criticar a personas de buena fe, ganando fama inmerecida de hipercríticos y de puristas, y, otras muchas, hay que enfrentarse con otras personas o entidades, cuya fe no es tan buena, y que no van a estar dispuestas a reconocer las falacias de las que tan buen provecho obtienen.
Ciertamente, nunca son deseables los enfrentamientos ni las polémicas, pero creemos que una actitud melindrosa y falsamente respetuosa no debe apartarnos de nuestro camino en defensa de la verdad y de la ciencia.