ORDEN DE LOS POBRES CABALLEROS DE CRISTO DEL TEMPLO DE JERUSALEM.
ORDEN DEL TEMPLE
El dilema farisaico
Como se ve, la embajada enviada por los fariseos quedó admirada con la sabiduría de la respuesta de Jesucristo, retirándose desconcertada y sin tener qué replicar. San Lucas comenta que “callaron”, “y no pudieron reprender su respuesta delante del pueblo”, ni delante “del gobernador” Poncio Pilatos, como pretendían (Lc. 20, 20-26).
La pregunta hecha a Jesucristo era de extrema gravedad, pues comportaba un dilema, del cual creían que Él no podría salir.
Si dijese que no se debía pagar el impuesto a César, lo acusarían ante Poncio Pilatos como sedicioso contra el poder de Roma.
Si dijese que se debía pagar el impuesto, estaría rechazando el carácter teocrático del pueblo de Israel (gobernado por Dios), sometiéndolo al poder de César y de Roma. Más aún –aspecto minor, pero importante del punto de vista de la opinión pública– aprobando el pago de los impuestos, desagradaría al pueblo, que odiaba a los publicanos, los recolectores de esas contribuciones.
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No para nosotros, Señor, no para nosotros
sino en Tu Nombre danos Gloria
Fr. + Arturo Tardio Peñas.
La Mezquita de Córdoba fue construida entre los años 780 y 785 por Abderramán I. Doce siglos después, el 2 de marzo de 2006, la Iglesia Católica inscribió el inmueble a su nombre en el registro de la propiedad número cuatro de Córdoba (tomo 2381, libro 155, folio 198). El trámite costó apenas 30 euros. Tal robo fue posible por dos milagros. El primero, que José María Aznar cambió la ley hipotecaria en 1998 para permitir a la Iglesia apropiarse de edificios de dominio público, aunque sean patrimonio de todos los españoles: basta con que el señor obispo dé fe y certifique que pertenecen a la Iglesia, sin necesidad de notario. El segundo milagro, que disponer de un edificio de 23.400 metros en pleno centro de Córdoba le sale gratis a la Iglesia: no paga el IBI y tampoco se ocupa de los gastos de conservación.
La entrada en la Mezquita de Córdoba cuesta 8 euros por persona; al año recibe más de un millón de visitantes. No te entregan factura y es dudoso que el dinero recaudado pague impuestos: se considera un donativo y, como tal, está exento de tributación. El obispado de Córdoba dispone de la Mezquita como su absoluta propiedad. También decide quién puede trabajar en ella como guía y quién no. No es raro que haya días en los que se cierre el acceso a los turistas porque hay, por ejemplo, una convención de sacerdotes en su interior. Sin embargo, los gastos de restauración y conservación no los paga la Iglesia: los cubre el Estado.
Desde 1998, la Iglesia ha inscrito a su nombre cientos de edificios, muchos de ellos financiados por los vecinos de cada pueblo o ciudad. Zapatero no cambió la ley en ocho años, Rubalcaba prometió reformarla en su programa electoral. Es improbable que tal abuso lo vaya a eliminar el PP pero, con algo de suerte, tal vez la Unión Europea obligue al Gobierno a cobrar el IBI a la Iglesia, igual que ha hecho con Italia. No es poco dinero. Que la Iglesia esté exenta de pagar algunos impuestos, un privilegio medieval, nos cuesta 3.000 millones de euros al año, según Europa Laica. Es una décima parte del déficit que le falta por recortar a Rajoy.
El Registro de la Propiedad no detalla cuántas ha registrado la Iglesia desde 1998, ya que figuran a nombre de diversas instituciones. El único informe que existe lo realizó el Parlamento navarro en 2008, tras una consulta de Izquierda Unida. Entonces, se realizó un recuento de las inmatriculaciones de todos los juzgados de la región entre 1998 y 2007. El Arzobispado de Pamplona y Tudela había registrado 1.086 bienes, el 60% de los cuales son lugares de culto (iglesias, catedrales, ermitas ...). Hasta 1998, la Iglesia sólo había inscrito en el Registro de la Propiedad fincas urbanas y rurales.
El Arzobispado de Pamplona y Tudela entiende que fueron una "obra y expresión admirable de las comunidades cristianas de los pueblos, que libre y voluntariamente, y con encomiable esfuerzo, quisieron crear y mantener esas instituciones y servicios". "La historia les debe, sin duda, una merecida gratitud", asegura en un comunicado. "Si quieren reclamar, los reclamantes deberían llevar al arzobispado a los tribunales. No queremos nada que no sea nuestro", insta el ecónomo diocesano y delegado episcopal para el patrimonio, Javier Aizpún. "Y, hasta ahora, ninguno lo ha hecho", apunta.
La Ley Hipotecaria permite realizar estas inmatriculaciones sin el conocimiento público. Su artículo 206 da un privilegio especial al clero para realizar los registros: "Basta con que el obispo dé fe de que el bien pertenece a la Iglesia, y no se requiere el visto bueno de ningún poder público ni notario", explica Belén Madrazo, directora de consumidores y usuarios del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.
De este modo, la Iglesia mantiene un poder, que le fue otorgado en la posguerra, y que le da un rango equiparable a un organismo público. "La mayoría de los ayuntamientos no se entera del registro hasta que han pasado unos años. Entonces, tienen que impugnarlo, demostrar que la Iglesia no es la titular y aportar una documentación que, en algunos pueblos, nunca ha existido", denuncia el profesor de Derecho Eclesiástico de la Universidad Pública de Navarra, Alejandro Torres.
El especialista encuentra una posible salida legal al problema: la inconstitucionalidad del texto. "Si ninguna confesión tiene carácter estatal, ¿por qué los obispos pueden expedir certificaciones de dominio con titularidad pública? Todos los demás tenemos que acudir a un notario para inscribir nuestras casas".
El precio que paga la Iglesia es de entre 20 y 30 euros. La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro denuncia que por “el precio de una campana, sin conocimiento de los pueblos, al amparo de una ley antidemocrática, la diócesis se ha apropiado de más de mil bienes del patrimonio navarro”.
@DANIEL AYLLÓN/Público.es 08.03.2010
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