residencias de ancianos apuntan a la cárcel

Familiares de ancianos fallecidos en geriátricos piden a la fiscalía en 240 diligencias que investigue quiénes les negaron hospitalización y cómo los trataron hasta su muerteEL PERIÓDICO recoge la conversación telefónica entre una doctora y la hija de una anciana enferma en la que la facultativa reconoce que no puede enviar a la paciente a un centro sanitario

"Alejina no está bien". Así de lacónicamente comenzó para Ramona Carvajal una ansiada llamada del geriátrico Vitalia de Griñón, al sur de Madrid, donde tenía a su madre. Mediaba la tarde del 23 de marzo. En las ucis hospitalarias había lleno total. Alejina Jiménez, de 89 años, llevaba 13 días enferma de covid-19, y ya no saturaba más del 87% de oxígeno en sangre. "Su pulmón derecho está lleno de líquido", le dijo la doctora que cuidaba a la madre, según una grabación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. "De llevarla al hospital, nada ¿no?", le preguntó la hija. "No, nada -le respondió la médica-. Hablamos con el hospital, y no tiene criterios de derivación". E, impotente, añadió que así lo mandaba la Comunidad de Madrid.

Un protocolo de la Comunidad de Madrid fechado el 18 de marzo por el entonces director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, limitaba el acceso a las UCIs en una práctica de medicina de guerra. Se priorizaba a los más jóvenes y sanos. De las personas mayores y de los discapacitados, solo los que no tuvieran cierto nivel de deterioro cognitivo, o los que pudieran moverse por su propio pie, o no tuvieran patologias tan propias de la edad como la hipertensión o la diabetes, serían admitidos en una unidad de cuidados intensivos para intentar liberarles del coronavirus. No era el caso de la inmensa mayoría de internos de las residencias.

Alejina aún tardó 16 días en morir. Su hija se desesperó por buscarle un hospital. Y el 3 de abril logró una plaza en el Jiménez Díaz de Madrid. Pero era tarde; ya solo se pudo sedarla. El 9 de abril falleció. Antes de caer en el sueño de la morfina, despidiéndose, la madre le dijo a Ramona: "Hija, qué mal lo he pasado".

Ramona Carvajal llora al recordar que, cuando su madre enfermó, el 10 de marzo, aún no había estado de alarma, ni colapso en los hospitales. Pero estaba aquella orden de la Comunidad de Madrid de no hospitalizar a ancianos. Por eso Ramona grabó la conversación y adjunta ahora el audio a una querella redactada por su abogado, Ignacio Palomar, del bufete madrileño Servilegal, que integrará el aluvión de denuncias por lo sucedido en las residencias.

"Hacer todo lo humanamente posible no exime de la responsabilidad, cuando menos civil", advierte el letrado Palomar. La querella de Ramona se diferencia de casi todas las 240 investigaciónes a residencias que sigue la fiscalía en todo el país porque aporta un elocuente documento del triaje implacable que dejó a los ancianos sin derecho a UCI.

La mayoría de las denuncias apuntan a la cárcel por delitos de omisión del deber de socorro, denegación de auxilio, negligencia dolosa y homicidio imprudente. 

"No queremos dinero, solo justicia", asegura María José Carcelén, portavoz de la Coordinadora de Residencias que, en Barcelona y su área metropolitana, impulsa 30 denuncias a geriátricos en nombre de 180 denunciantes ante la Fiscalía barcelonesa. "Hasta la segunda semana de abril, en Barcelona no se hospitalizó a ancianos. Y a partir de entonces, llegaban desnutridos y deshidratados".

De hecho, en las denuncias de la Coordinadora ante la fiscalía es clave una sugerencia de requerimiento de los informes médicos de aquellos ancianos que sí pudieron llegar a algún hospital de Barcelona. María José espera que ahí se cuente en qué estado llegaban por la supuesta desatención en las residencias. "Si esto se archiva, qué mal mensaje se daría a la sociedad", concluye Carcelén.

Desatención

Los cuatro hijos de Antonia García soportaron confinados la angustia de saber que su madre estaba enferma en la residencia Reina Sofía de Las Rozas (Madrid, 504 plazas, 46 muertos), pero sin poder verla. No se les permitió hasta que murió, el 25 de marzo. Y cuando fueron a despedirse de sus restos, tres hijos y un yerno llegaron a la habitación de la madre, y allí estaba: la vieron tumbada en su cama, con los ojos abiertos, la boca abierta y desencajada y el cuello torcido hacia atrás, en el gesto de intentar coger una última bocanada de aire.

Lo relata desde Málaga Ana Díaz, una de sus hijas, espantada y llorosa. "¡No la habían metido en una nevera, no le habían cerrado los ojos! El gesto que tenía es señal de que no la habían sedado, de que murió sin que la ayudara nadie, como un perro", clama.

Ana cree que esa escena terrible será prueba de denegación de auxilio o de omisión del deber de socorro, y así se lo contará a la fiscalía si le llama a declarar. El caso se suma a las diligencias penales abiertas tras una denuncia de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Pladigmare), que pide que se investigue lo sucedido en 51 residencias durante los tremendos marzo y abril pasados.

Sin certificado

Miles de familias están detrás de las 240 pesquisas que realiza la fiscalía. Las denuncias avanzan con problemas para acreditar el dolo: "A las familias les está siendo muy difícil conseguir el historial clínico de su anciano fallecido, porque las residencia les exigen correos electrónicos que luego no contestan, se niegan a la entrevista presencial; es una omisión generalizada", denuncia Palomar.

Y también se encuentran los huérfanos del coronavirus con obstáculos para conseguir un documento básico con el que empezar una demanda: la partida de defunción. "Los funcionarios están teletrabajando sin medios para teletrabajar. Esa deficiencia administrativa merma los derechos de esas familias, que ni siquiera pueden probar documentalmente la muerte de sus deudos", se queja el abogado madrileño.

 Con parecidas dificultades, reuniendo poco a poco documentación, edifica una querella colectiva el abogado Mario Carreño. El objeto es lo sucedido en la residencia Vitalia de Leganés, con 266 plazas y 97 muertos a fecha 13 de abril, una de las más golpeadas de este país.

Cuenta Carreño que la parte más fuerte de la querella es lo que cuentan sus 22 denunciantes. "Yo no iba a llevar este asunto hasta que leí el relato del grupo de familiares", cuenta. Ahora se ha asociado con otros tres abogados, uno de ellos hijo de una fallecida en ese geriátrico, y otro, Antón Núñez, que ya participó en el macrojuicio por la avalancha mortal del Madrid Arena.

Dice Carreño que no irán a fiscalía, sino directamente al juzgado, y con el objetivo del "esclarecimiento de responsabilidades penales". En definitiva, "algo ha tenido que pasar para que 98 personas fallezcan en un mes. Cuando menos es indiciario de negligencia".

Barco sin rumbo

El 27 de marzo, en plena vorágine mortal de los geriátricos, a Carlos López por fin, tras muchas llamadas, alguien le contestó al teléfono en el geriátrico Doctor González Bueno de Madrid, el más grande de España, con 617 plazas y más de un centenar de cifra, no oficial, de muertos.

Su madre, Teresa, de 90 años, condenada a una silla de ruedas, estaba allí ya muy mal. Carlos trataba de saber algo, pero "nos impedían el paso de las llamadas", relata. La trabajadora social que le atendió le dijo: "Estamos en un estado de guerra química. No tenemos dirección ni instrucciones". Era viernes; su madre murió el sábado. López está convencido de que "aquello fue durante días una nave sin rumbo". Y eso, en su dolorido fuero interno, cuenta como delito de denegación de auxilio.

Cuando este psicólogo retirado planteó a la residencia que su madre fuera hospitalizada, le dijeron: "No va a ser derivada". Hoy no sabe si su madre se habría salvado si hubiera ido a la UCI, solo reconoce: "No insistí porque sabía del colapso que había en los hospitales, y porque mi madre tenía patologías previas". Pero insiste en denunciar que "ella no tuvo una cobertura adecuada, no se medicalizó la residencia, ni hubo una prevención previa, ni anticipación a la crisis, ni tuvo medios en la última fase de su vida". De hecho, tampoco después: su entierro se demoró 15 días.

En este punto de su conversación con EL PERIÓDICO, Carlos López recuerda que la última vez que visitó a su madre en la residencia no había geles hidroalcohólicos. "Les vi funcionar como si no pasara nada. Pregunté por eso, y me dijeron que no tenía directriz".

Carlos López es un "convencido de lo público", pero se pregunta "cómo pudieron morir ciento y pico ancianos en esa residencia". Ahora él también espera que "se haga una investigación, que se depuren las responsabilidades que se tengan que depurar, que se vea si los protocolos que han salido a la luz eran lícitos, y que quien permitió esta negligencia en esa macrorresidencia a la deriva lo pague; que esto no se quede impune".

Una advertencia

El geriátrico González Bueno de Madrid forma parte de la larga lista de centros que incluye la denuncia de Pladigmare, en la que -como en otras denuncias de gran tamaño de la Marea de Residencias y la Asociación Defensor del Paciente- además del de lesiones se relatan los dos delitos a los que más aluden los avisos a la fiscalía: homicidio imprudente y omisión del deber de socorro.

Miguel Vázquez, presidente de Pladigmare, explica que el objetivo de esta trabajosa actividad ante la fiscalía es "que después de todo lo que ha pasado ya nadie mire para otro lado cuando se habla de residencias de ancianos, de su escasez de medios y de personal, porque ya antes de la pandemia se estaba mirando para otro lado". Para Vázquez, en la base de lo que ha pasado está "la desproporción que en los geriátricos de este país hay entre lo público (27 por ciento) y lo privado o público de gestión privada".

Esa mano ancha con lo privado que denuncia le hace sostener una advertencia de cara al futuro, ahora que se está volviendo a prohibir la visita a decenas de geriátricos por rebrotes de coronavirus: "Por ley, después de lo que ha pasado, para que una residencia pase a fase 3 debe tener stocks de EPIS y mascarillas como para diez días. Y para inspeccionar si eso se cumple, a la Administración le basta con una declaración responsable del director del centro".

Le ha estado este diario preguntando por ancianos, pero Vázquez ha querido subrayar que las limitaciones a la derivación a hospitales no fueron solo para los mayores, "también a los discapacitados intelectuales y a los grandes dependientes".

Tres pañales por día

"Entendemos que se están produciendo una serie de irregularidades que han podido tener consecuencias trágicas para los residentes", decía ya en abril la denuncia de los familiares de la residencia madrileña de Peñuelas, pública de gestión privada por parte del grupo Aralia.

Veintidós familiares firmaron la primera denuncia enviada a la fiscalía, la denuncia pionera. A aquella residencia de barrio ha ido dos veces la UME, sin que se haya podido evitar la muerte de entre 70 y 75 (otra vez las dudas sobre las cifras) de 200 residentes.


Pasado el vendabal mortal de la pandemia, ahora quedan muchas habitaciones vacías en el centro, igual que en el geriátrico de Leganés, o en la pública de Manoteras, que tiene dos plantas vacías. Ha podido comprobarlo Leonor Sánchez Acero, primera firmante de la denuncia, que tiene a su hermana, afortunadamente viva, entre los muros de Peñuelas.

Estos días ha vuelto a visitarla. "Vas y ves poco personal, muy poco personal -lamenta-, y la comida sigue siendo una bazofia", pero lo que más le irrita es que su hermana ahora está encamada tras contraer unas escaras "precisamente porque no hay personal suficiente para cambiarle la postura".

Ya antes de la pandemia, recuerda Leonor como también Miguel Vázquez, las carencias eran la tónica diaria. "Pasabas del comedor a la sala polivalente y tenías que taparte la nariz, porque a los internos solo estaban obligados a darles tres pañales por día, y uno es para la noche. ¿Y sabes por qué tres pañales por día? ¡Porque es lo que dice el pliego de condiciones! Pero ¿por qué tienen que ser tres? ¿Y si alguien necesita cinco?", se desespera.

El personal no escatimaba, en cualquier caso... cuando podía. "No por falta de pañales -aclara Leonor-, sino por falta de manos para cambiarlos".

Medir el dolor

En estos días, mientras llueven denuncias, Ramona Carvajal recuerda que Alejina Jiménez tuvo una vida poco afortunada. A su padre lo fusilaron en el Badajoz de la Guerra Civil: un chivatazo le delató como rojo. Perdió un hermano en los días del hambre. "Eran tan pobres que le dejaron el niño a un pastor, y éste lo trajo muerto", cuenta Ramona.

Y después, una vida de cinco hijos y enormes trabajos, tras la cual acabó en una residencia que había estado en suspensión de pagos y acababa de coger una empresa nueva. "La dejas allí creyendo que estará mejor que en casa, porque estás trabajando y no puedes atenderla, y resulta que es peor", se lamenta Ramona.

En los días de reclusión, sin derivación hospitalaria, hablaba con su madre recluida en la habitación, y Alejina le decía: "Hija, yo de aquí no salgo. Aquí falta personal. Aquí no viene nadie, y cuando viene alguien, viene corriendo".

Es posible que el lenguaje legal de las querellas, las demandas, los informes policiales y las sentencias, no pueda abarcar ni definir todo el dolor que rebosa en el caso de las residencias. "¿Por qué han muerto estas personas en las residencias, en sus camitas, tan solitos?", llora Ana Sanz.

La hija de la interna de Las Rozas Antonia García, que por su alzheimer nunca habría pasado el listón que le puso el gobierno madrileño, se duele de su muerte solitaria: "Tuvo cuatro hijos enamorados de ella, porque ella los amó con todas sus fuerzas. La gente de aquella generación sí que sabía querer; tenían valores que ya no tienen los jóvenes de ahora. Y no hemos podido devolverles ese amor, su amor puro".


@elperiodico.com/Juan José Fernández