Así se condenó a los ancianos: "No se permite ingresar pacientes de residencias al hospital"

Un parte de alta de las Urgencias del Hospital Infanta Cristina, de Parla (Madrid), del 25 de marzo confirma que había órdenes de rechazar a los ancianos de residencias con síntomas de coronavirus

"Ante la situación de saturación actual, y por indicación de dirección médica dada esta mañana, no se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital". Esta es la sentencia escrita en el parte de alta de Urgencias al que ha tenido acceso El Confidencial y por el que se devolvió a su centro asistencial a una mujer menor de 80 años que presentaba "neumonía bilateral" y "probable covid 19 (pendiente PCR)", según se especifica en el "juicio clínico" del mismo documento. La paciente fallecía tres días después en su residencia tras no ser ingresada en el Hospital Infanta Cristina, de Parla (Madrid).

El 25 de marzo, mientras el pico de la pandemia de coronavirus ascendía, estaba a punto de saturarse la capacidad de los hospitales madrileños y se abría el hospital Ifema para intentar paliar la debacle, la dirección del Hospital Infanta Cristina tomó la decisión de no admitir pacientes que llegaran de las residenciasde mayores de la comunidad. Esta denuncia —la orden de que los ancianos sospechosos de coronavirus no fueran ingresados en los hospitales y fueran devueltos a los centros con tratamientos simplemente paliativos— fue realizada varias veces por personal de esos centros y por la propia patronal de las residencias. Ahora, por primera vez, se desvela por escrito.

"Ante la situación de saturación actual, y por indicación de dirección médica dada esta mañana, no se permite el ingreso de pacientes de residencia"

La paciente había sido derivada a Urgencias del hospital porque presentabagraves dificultades para respirar, con "una desaturación del 78%". En la residencia, tras presentarse los dos primeros casos de residentes con coronavirus, la derivaron al hospital por temor a que pudiera tratarse de un nuevo contagio. Tras recibir una sesión de hemodiálisis, el facultativo que la atendió en Urgencias deja anotado que la mujer mejora hasta llegar al 95% de saturación. Sin embargo, también deja por escrito la orden dada esa misma mañana por la dirección médica del hospital: "No se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital" ante la "situación de saturación actual".

El facultativo también refleja en el parte de alta que había requerido la opinión del jefe de guardia para valorar el ingreso hospitalario de la mujer. "Comentado esta mañana también con el jefe de guardia que me autorizaron realizar diálisis y valoración inicial, pero no ingreso". Tras esto, la anciana es 'devuelta' a su residencia por la tarde pese a que el juicio clínico es "neumonía bilateral en paciente paliativa en hemodiálisis. Posible covid-19 (pendiente PCR)".

El hospital pautó para la anciana su tratamiento posdiálisis y, para los problemas de respiración, "si es posible, hacer inhaladores en la residencia". Y como cuidado paliativo, morfina a bajas dosis, algo que ya había denunciado precisamente el presidente de la patronal de las residencias, Ignacio Fernández Cid. La pasada semana, aseguró en EsRadio que "llevamos denunciando que nos habían abandonado y no nos dejaban hacer derivaciones" a centros hospitalarios y que solo les mandaban "medicamentos para sedación y morfina".

"Me autorizaron diálisis y valoración inicial, pero no ingreso", dice el parte de Urgencias. La anciana fue devuelta a su residencia. Murió 72 horas después

Fuentes oficiales del hospital aseguran que fue "una decisión clínica de la dirección médica del hospital, sobre un caso concreto en el que se trató de minimizar lo máximo posible el riesgo de contagio en un paciente frágil, en tanto se tuviera el resultado de la PCR. En la fecha referida, la situación era de alto riesgo epidemiológico y el resultado de la PCR podía tardar por entonces 3tres o cuatro días, por lo que la dirección médica consideró que lo más seguro para el paciente era no exponerlo a dicho riesgo".

Pinche el parte para verlo en detalle. (EC)

"Cada caso clínico se adecúa a las condiciones del paciente y a la situación epidemiológica, y se toman las decisiones buscando siempre el menor riesgo para el paciente". Sin embargo, en el parte de alta, el facultativo no se refiere a una orden de la dirección para ese caso concreto sino genérica, ya que impide "el ingreso de pacientes de residencia".

Hasta ahora, además de las denuncias de los trabajadores de las residencias y de la patronal, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid ha insinuado que esa orden de no hospitalizar a los ancianos existía. En la entrevista del pasado domingo en 'El Mundo', donde se habló mucho de las imágenes y poco del contenido, Isabel Díaz Ayuso decía sobre la denuncia de la patronal de residencias que "si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen que igualmente esta persona va a fallecer, que mejor se quede ahí, yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado". En Cataluña, incluso, se puso un tope de edad —80 años— para ingresar en las UCI a los afectados por coronavirus, algo quetumbó por inconstitucional el Ministerio de Sanidad. Eso sí, cuando la ola de saturación ya había pasado.

Murió en la residencia 72 horas después

El parte de Urgencias del Hospital Infanta Cristina confirma que, "dada la saturación", se había dado la orden de no admitir los ingresos hospitalarios de pacientes derivados de residencias con posible covid-19. De hecho, en el caso de esta paciente, se establecía que, si mejoraba su situación, podía acudir el viernes a su sesión de hemodiálisis "en ambulancia individual, aislada", remarcando en el parte esta circunstancia por temor a contagios. Sin embargo, la mujer nunca volvería al hospital: fallecía en la residencia el sábado 28 de marzo. Habían pasado 72 horas desde que se rechazara su ingreso.

Su caso es uno de los 4.706 ancianos"con síntomas compatibles de covid-19" muertos en las residencias de Madrid, según los datos actualizados a 12 de mayo por la Consejería de Asuntos Sociales y que el Gobierno central se niega a hacer públicos desde hace más de un mes porque, en palabras del ministro Salvador Illa, aún "los estamos valorando y analizando". A ellos hay que sumar los 1.180 fallecidos con PCR confirmado. En total, desde el 8 de marzo, 5.886 residentes fallecidos a los que en lo más duro de la pandemia de coronavirus se condenó a intentar sobrevivir fuera de los hospitales, según confirma el documento desvelado por El Confidencial.

@El Confidencial/ALBERTO PÉREZ GIMÉNEZ