ESPAÑA, DECRETADO ESTADO DE ALARMA NACIONAL POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

Sánchez decreta el estado de alarma durante 15 días

La medida, que será aprobada este sábado, permite limitar temporalmente la circulación de personas


El Gobierno declara el estado de alarma durante 15 días para contener la expansión de la pandemia del coronavirus. El Consejo de Ministros se reunirá mañana para declararlo. Pedro Sánchez ha comunicado esta medida en una comparecencia excepcional. El estado de alarma permite limitar temporalmente la circulación de personas pero no los derechos fundamentales de los ciudadanos. Lo hace solo 24 horas después de un Consejo de Ministros en el que se evitó esta decisión, que ya reclamaba la oposición, en especial Ciudadanos y Vox. “Estamos solo en la primera fase del combate contra el virus. Nos esperan semanas muy duras. No cabe descartar que alcancemos los 10.000 afectados la próxima semana”, ha dicho el presidente. El Consejo de Ministros acompañará medidas mucho más drásticas de las que se decidieron hace solo 24 horas, lo que muestra un giro evidente del Gobierno. “La declaración del estado de alarma permite movilizar al máximo los recursos contra el virus, pero la victoria depende de cada uno de nosotros, el heroísmo consiste en también en lavarse las manos y en quedarse en casa. Vamos a parar el virus con responsabilidad y con unidad”, ha insistido Sánchez en una comparecencia sin preguntas, al contrario de lo que hizo ayer.

Esta previsión constitucional estaba en las últimas horas en pleno debate entre los ministros, según fuentes del Ejecutivo. Las medidas que se pueden acordar con el estado de alarma —inicialmente durante de 15 días― son las siguientes: limitar la circulación o la permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados; practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personalesobligatorias; intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados; limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad; e impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de los productos de primera necesidad. Sin embargo, mientras Sánchez anunciaba el estado de alarma, que no será aprobado formalmente hasta este sábado, algunas salidas de Madrid estaban atascadas con ciudadanos que salen de la ciudad hacia otras zonas, precisamente lo que se querría evitar con las medidas más drásticas que se aprobarán mañana.


El estado de alarma podría ser utilizado además como instrumento legal para retrasar las elecciones vascas y catalanas, algo más que probable dada la evolución de la situación. Sánchez habló con representantes de todos los partidos para avanzarles la decisión y ahora iniciará una ronda con todos los presidentes autonómicos. El líder del PP, Pablo Casado, compareció para anunciar que apoya la declaración del estado de alarma e incluso su prórroga, pero criticó al Ejecutivo porque dijo que ha cometido “negligencias” como permitir y apoyar la manifestación del 8 de marzo y sostuvo que hasta ahora ha ido “por detrás de los acontecimientos”.

En los últimos días ha habido intensos debates internos sobre la necesidad de ir más lejos en algunas medidas, pero finalmente el presidente optó el jueves por seguir con una línea gradual. Sin embargo, la presión seguía, la oposición apretaba, otros países como Portugal han decretado el estado de alarma con muchos menos casos —ni siquiera tiene muertos— y en el Ejecutivo se ha ido fraguando la decisión de dar un salto más fuerte. Sánchez cambia el tercio solo 24 horas después de un Consejo de Ministros en el que se evitó tomar esta medida, que ya estaba encima de la mesa y era reclamada por algunos sectores.

En estos días ha habido en las discusiones internas ministros más favorables al gradualismo, sobre todo los más cercanos al área económica, por las consecuencias económicas y sociales que tiene cada medida extrema, y otros que ha apostado por llegar al máximo de restricciones cuanto antes, tenga el coste que tenga. La decisión final se tomó en el Comité Interministerial sobre el coronavirus, en el que estaban, vía telemática, además del propio Sánchez y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la vicepresidenta Carmen Calvo, el vicepresidente Pablo Iglesias, y los ministros María Jesús Montero, José Luis Ábalos, José Manuel Rodríguez Uribes, Arancha González Laya y Fernando Grande Marlaska. Sánchez ha insistido públicamente en que todas las decisiones se toman en función de lo que recomiendan los expertos, en especial Fernando Simón, que en todo momento han sido más cautelosos y han propuesto adecuar las medidas a las dimensiones alcanzadas por el contagio sin ir a las máximas desde el primer momento.

El decreto de estado de alarma tiene solo un precedente en la etapa democrática, en la crisis de los controladores aéreos, en 2010. La oposición había reclamado que se activara. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, había pedido al presidente del Gobierno su puesta en marcha para restringir los desplazamientos. El Ejecutivo, según las fuentes consultadas, ha estudiado de cerca el caso de Madrid —con 2.000 afectados y 40 muertos por el momento— para tomar una decisión. En España hay 3.784 afectados y 84 muertos en toda España, según el último dato oficial.

El estado de alarma, regulado en el artículo 116 de la Constitución y en la Ley Orgánica 4/1981, permitiría al Consejo de Ministros adoptar medidas extraordinarias en toda España o en una parte del territorio en varios supuestos, entre los que se encuentran las “epidemias y situaciones de contaminación graves”. Este estado, previsto para cuando las circunstancias hagan imposible mantener la normalidad mediante los poderes ordinarios, faculta al Gobierno a poner bajo su mando a todos los funcionarios y empleados públicos, incluidos los cuerpos policiales, de todas las Administraciones e imponerles “servicios extraordinarios por su duración o su naturaleza”.

La declaración del estado de alarma, a diferencia de los estados de excepción y sitio, no afecta, en principio, a la vigencia de los derechos fundamentales —como la libertad de expresión o de prensa, o la libertad de manifestación—. Sin embargo, sí permite al Gobierno “limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no mencionó expresamente el estado de alarma en su comparecencia de ayer jueves, tras ser preguntado por ello por los periodistas, pero tampoco descartó ningún escenario. El Gobierno “tomará las decisiones que hagan falta, cuando hagan falta y donde hagan falta”, subrayó Sánchez. La oposición había tomado la delantera con la propuesta de Arrimadas, pero dentro del Gobierno algunos ministros habían mostrado reticencias por los efectos secundarios de carácter económico que podría tener esa medida. España cerró 2019 con un crecimiento en torno al 2%, y el Ejecutivo preveía una ligera desaceleración, hasta el 1,5%, para este año. Pero el contagio global y sus efectos en España han dejado muy viejo ese escenario. Hasta el punto de que los expertos apuntan que la economía española podría llegar a entrar en recesión a lo largo del segundo trimestre, en función de la evolución de los contagios, de las medidas tomadas y de cómo funcione el plan de choque anunciado por Pedro Sánchez, con un estímulo de 18.200 millones entre liquidez, créditos baratos y fondos para incrementar el gasto sanitario en las comunidades.

El Ejecutivo puede declarar el estado de alarma mediante un decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, que se debe reunir inmediatamente y que a su vez debe autorizar cualquier prórroga de este plazo. El decreto determina el ámbito territorial al que se extienden los efectos de la declaración, según recoge la Constitución en su artículo 116, algo esencial para las elecciones gallegas y vascas.

El estado de alarma se ha aplicado hasta ahora una sola vez en la reciente historia democrática. Fue en diciembre de 2010 cuando el Consejo de Ministros militarizó las torres de control aéreo tras el abandono de su puesto de trabajo por parte de los controladores civiles, que realizaron una huelga encubierta con bajas médicas masivas.

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Madrid