ORDEN DE LOS POBRES CABALLEROS DE CRISTO DEL TEMPLO DE JERUSALEM.
ORDEN DEL TEMPLE
Resulta difícil de entender la actitud del Partido Socialista de Catalunya (PSC) respecto al acoso que está sufriendo Fatima Ghailan, trabajadora del Ayuntamiento de Cunit, Tarragona, por no usar pañuelo, conducir su coche y llevar, en términos generales, una vida de estilo occidental.
Esta mujer de origen marroquí y religión musulmana ha recurrido a la justicia española contra las amenazas, coacciones y calumnias a la que algunos miembros de la comunidad islámica vienen sometiéndola desde que, hace dos años, logró un empleo en el Consistorio municipal, donde ejerce la labor de mediadora social. El imán Mohamed Benbrahim y otros tres acusados -su esposa, su hija y el presidente de la Asociación Islámica del pueblo- intentaron, además, su despido mientras instigaban el aislamiento de la mujer y su familia dentro de la comunidad inmigrante magrebí.
El conflicto no es, desgraciadamente, un caso excepcional. Evidencia los ya conocidos métodos coercitivos de los sectores más radicalizados del islamismo, que rechazan la cultura occidental y cargan sus iras con especial saña contra las mujeres. A finales de año se conocía otro caso de similares connotaciones en Valls, también en Tarragona. Una mujer fue secuestrada, juzgada y condenada a muerte por un supuesto tribunal islámico. A la víctima, que logró escapar de sus captores, se le acusaba de haberse quedado embarazada en contra de la decisión de su marido.
Ambos casos están en manos de la justicia, el ámbito al que debe quedar circunscrita la persecución de tales prácticas delictivas. El fiscal pide cinco años para Benbrahim y penas menores para los otros tres imputados. En Valls, un juez ha encarcelado a los acusados, si bien quizá queden en libertad bajo fianza dada la repetida incomparecencia de la víctima, que ha regresado a Marruecos.
Lo sorprendente del caso de Ghailan es la actitud de la alcaldesa y senadora socialista por Tarragona Judit Alberich, que intentó que la mujer retirase la denuncia para evitar un conflicto social, y el apoyo que le ha prestado su partido, el PSC, con un homenaje, primero, y un reparto, luego, de octavillas defendiendo su mediación pacificadora en un "conflicto privado". Inexplicable posición de un partido democrático que no ha tenido todavía ningún gesto de apoyo para la víctima.
@El Pais
Madrid se solidariza, respalda y apoya a marroquí amenazada por no usar velo
Tras presentar el Informe de Población Extranjera Empadronada en la Comunidad de Madrid a 1 de enero de 2010, Fernández-Lasquetty se ha referido al caso de esta mujer que se negaba a ponerse velo, trabajaba como mediadora cultural en Cunit y conducía su vehículo.
Por estas causas, ha dicho el consejero, Fátima G. ha sido coaccionada, calumniada y amenazada por el imán de Cunit, que ha sido imputado por la presunta comisión de estos delitos junto a su esposa, la hija del matrimonio y el presidente de la Asociación Islámica.
A Fernández-Lasquetty le parece "significativo" que la Fiscalía haya solicitado para el imán cinco años de cárcel, cuatro para el presidente de la Asociación Islámica y dos para la esposa y la hija del imán, pero más significativo le parece aún que la alcaldesa de la localidad, Judit Alberich (PSC), no respaldara a esta mujer "que quería vivir libremente" y propusiera la mediación entre las partes.
El consejero ha criticado además al Partido Socialista por el respaldo que ha dado "no a Fátima sino a la alcaldesa", lo que a su juicio es de "una gravedad enorme".
Ha subrayado que esta ciudadana marroquí "está defendiendo su libertad y la de todas las mujeres, su derecho a ser iguales a los hombres, su derecho a vestirse y a relacionarse como quieran y con quien quieran, procedan de donde procedan".
Para Fernández-Lasquetty resulta "absolutamente inadmisible" que alguien, sea quien sea, "pretenda imponer a las mujeres cómo deben vivir, pretenda suplantar su voluntad o imponer una autoridad que no le corresponde en función del origen cultural, étnico o religioso de las personas".EFE
Esta mujer de origen marroquí y religión musulmana ha recurrido a la justicia española contra las amenazas, coacciones y calumnias a la que algunos miembros de la comunidad islámica vienen sometiéndola desde que, hace dos años, logró un empleo en el Consistorio municipal, donde ejerce la labor de mediadora social. El imán Mohamed Benbrahim y otros tres acusados -su esposa, su hija y el presidente de la Asociación Islámica del pueblo- intentaron, además, su despido mientras instigaban el aislamiento de la mujer y su familia dentro de la comunidad inmigrante magrebí.
El conflicto no es, desgraciadamente, un caso excepcional. Evidencia los ya conocidos métodos coercitivos de los sectores más radicalizados del islamismo, que rechazan la cultura occidental y cargan sus iras con especial saña contra las mujeres. A finales de año se conocía otro caso de similares connotaciones en Valls, también en Tarragona. Una mujer fue secuestrada, juzgada y condenada a muerte por un supuesto tribunal islámico. A la víctima, que logró escapar de sus captores, se le acusaba de haberse quedado embarazada en contra de la decisión de su marido.
Ambos casos están en manos de la justicia, el ámbito al que debe quedar circunscrita la persecución de tales prácticas delictivas. El fiscal pide cinco años para Benbrahim y penas menores para los otros tres imputados. En Valls, un juez ha encarcelado a los acusados, si bien quizá queden en libertad bajo fianza dada la repetida incomparecencia de la víctima, que ha regresado a Marruecos.
Lo sorprendente del caso de Ghailan es la actitud de la alcaldesa y senadora socialista por Tarragona Judit Alberich, que intentó que la mujer retirase la denuncia para evitar un conflicto social, y el apoyo que le ha prestado su partido, el PSC, con un homenaje, primero, y un reparto, luego, de octavillas defendiendo su mediación pacificadora en un "conflicto privado". Inexplicable posición de un partido democrático que no ha tenido todavía ningún gesto de apoyo para la víctima.
@El Pais
Madrid se solidariza, respalda y apoya a marroquí amenazada por no usar velo
Tras presentar el Informe de Población Extranjera Empadronada en la Comunidad de Madrid a 1 de enero de 2010, Fernández-Lasquetty se ha referido al caso de esta mujer que se negaba a ponerse velo, trabajaba como mediadora cultural en Cunit y conducía su vehículo.
Por estas causas, ha dicho el consejero, Fátima G. ha sido coaccionada, calumniada y amenazada por el imán de Cunit, que ha sido imputado por la presunta comisión de estos delitos junto a su esposa, la hija del matrimonio y el presidente de la Asociación Islámica.
A Fernández-Lasquetty le parece "significativo" que la Fiscalía haya solicitado para el imán cinco años de cárcel, cuatro para el presidente de la Asociación Islámica y dos para la esposa y la hija del imán, pero más significativo le parece aún que la alcaldesa de la localidad, Judit Alberich (PSC), no respaldara a esta mujer "que quería vivir libremente" y propusiera la mediación entre las partes.
El consejero ha criticado además al Partido Socialista por el respaldo que ha dado "no a Fátima sino a la alcaldesa", lo que a su juicio es de "una gravedad enorme".
Ha subrayado que esta ciudadana marroquí "está defendiendo su libertad y la de todas las mujeres, su derecho a ser iguales a los hombres, su derecho a vestirse y a relacionarse como quieran y con quien quieran, procedan de donde procedan".
Para Fernández-Lasquetty resulta "absolutamente inadmisible" que alguien, sea quien sea, "pretenda imponer a las mujeres cómo deben vivir, pretenda suplantar su voluntad o imponer una autoridad que no le corresponde en función del origen cultural, étnico o religioso de las personas".EFE
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